Abogados Administrativos en A Coruña

Enfrentarse a la Administración Pública puede ser una tarea compleja. Los distintos procedimientos, plazos, recursos, etc., pueden suponer un obstáculo para ciudadanos y empresas en sus necesarias relaciones con la Administración, con especial relevancia en materia urbanística y de propiedad inmobiliaria.

Por ello, contar con el respaldo de abogados administrativos expertos en A Coruña es clave para proteger sus derechos e intereses. Nuestro despacho ofrece un asesoramiento jurídico especializado y una representación legal sólida para guiarle a través de cualquier procedimiento administrativo con las máximas garantías de éxito.

Vista urbana de A Coruña

Nuestros Servicios en Derecho Administrativo

Nuestra firma legal en A Coruña cuenta con una amplia trayectoria en la defensa de los intereses tanto de particulares, como de empresas y de juntas de compensación, ante las distintas administraciones (estatal, autonómica y especialmente local).

Urbanismo y Ordenación del Territorio

  • Licencias y autorizaciones: ayuda en la obtención de licencias de obra, actividad, primera ocupación, cambio de uso, segregación, etc.
  • Planeamiento urbanístico: asesoramiento en planes parciales, especiales, estudios de detalle y en la negociación/suscripción de convenios urbanísticos.
  • Disciplina urbanística: defensa ante expedientes sancionadores, órdenes de cierre o demolición y reposición de la legalidad urbanística.
  • Expropiaciones forzosas: asesoramiento integral en el procedimiento de determinación del justiprecio, ante la Administración expropiante y los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo.

Contratación Pública y Licitaciones

Para las empresas que trabajan con el sector público, la correcta gestión de las licitaciones es fundamental. Le ayudamos a:

  • Impugnar pliegos y adjudicaciones.
  • Resolver incidencias durante la ejecución del contrato.
  • Reclamar pagos y revisar precios.

Responsabilidad Patrimonial de la Administración

Reclamamos la compensación económica por daños causados por el funcionamiento normal o anormal de la Administración Pública (anulación de licencias, accidentes en vía pública, negligencias médicas, etc.).